Mientras el país pareciera caerse a pedazos en zonas como el sur del Valle del Cauca o el norte del vecino departamento, en la zona montañosa de Tuluá, por fin las comunidades campesinas han obtenido una reivindicación, porque más que un triunfo es un logro que ha costado muchísimos sacrificios, de personas que por uno u otro motivo ya no están.
Un triunfo para los campesinos de la montaña tulueña, especialmente para aquellas comunidades que son receptoras de la Zona de Reserva Campesina, que por fin y después de 20 años de lucha, sacrificios, de ‘ires y venires’, vieron consolidado ese gran anhelo el pasado sábado 15 de junio, cuando en el corregimiento de La Moralia la Agencia Nacional de Tierras hizo entrega de las 30 mil hectáreas a estas comunidades. Lástima que no hubo presencia de la administración municipal tulueña en ese acto.
No podía dejar pasar esta oportunidad para destacar ese logro de las comunidades y sus territorios. Sin embargo, en la otra cara de la moneda está difícil situación de orden público que están atravesando diversos sectores, tanto del departamento como también en el norte del Cauca, que, queramos o no, afecta al Valle.
Solo hay que mirar la aterradora cifra de asesinatos en Cartago y el norte del Valle que, sumados en los diferentes municipios, pasa del centenar de muertes. Ni qué decir de Jamundí y sus alrededores, que compromete también muchos sectores del Cauca, donde las acciones de los grupos armados ilegales siguen generando zozobra, miedo e incertidumbre.
Pareciera que la respuesta del Estado para salvaguardar la vida de sus ciudadanos se quedó corta, porque no ha entendido cómo es que operan estos grupos, y no funcionan ni sus apuestas al diálogo en busca del cese del fuego, como tampoco han dado resultados las acciones de Ejército y Policía, que están a la defensiva.
El presidente Gustavo Petro está en mora de ‘tomar el toro por los cuernos’, de ser él, el protagonista, quien decida, quien desde el territorio comande las acciones que se deban ejecutar, en uno u otro sentido, no desde Bogotá ni a través de consejos de seguridad, que traslade su despacho a Cali o Popayán y ponga orden en la región.
