No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, dice un refrán popular y en el caso del enjuiciado Álvaro Uribe Vélez es completamente cierto. Porque el señor Uribe Vélez, tiene múltiples investigaciones en la fiscalía por denuncias que han hecho sobre su responsabilidad penal de innumerables víctimas, de variedad de delitos.
Los más relevantes pueden ser: desaparición forzada, desplazamiento, asesinato, narcotráfico, paramilitarismo, entre otros, pero terminó enredado en su propio telar, cuando en el 2012 denunció penalmente al senador Iván Cepeda por una supuesta manipulación de testigos. Investigación que la Corte precluyó a favor del denunciado en el 2018, ordenando compulsar copias contra el denunciante e iniciando un proceso en su contra por el mismo delito que se había promovido contra el senador.
La fiscalía, además acusa a Uribe Vélez, por soborno de testigos y fraude procesal. Acusaciones que emanan de la actual Fiscal, ya que, en tiempos del Fiscal Barbosa, el ente acusador se convirtió sin vergüenza alguna en aliada oficiosa de la defensa del expresidente, solicitando la exoneración de los cargos y la preclusión procesal.
Es de resaltar que tanto la fiscal Marlene Orjuela como la juez Sandra Heredia han sorteado con dignidad y valentía toda clase de provocaciones, amenazas, recusaciones y presiones de los abogados y simpatizantes del enjuiciado, que, por todos los medios, desde las manzanilladas, hasta las injurias de personajes como Paloma Valencia, que acusa a la juez de ser enemiga de Uribe Vélez en el caso que lo declare culpable. Afirmación que puede ser inscrita en los artículos que sobre la difamación señala nuestro estatuto penal.
Es de celebrar que la justicia cuente con esa línea de funcionarios que solo se atienen a los principios judiciales regulados por la constitución y la ley. Y que la justicia, como Rodallega, cojea, pero llega.
