Si para algo se creó el Ministerio de la Igualdad fue para la defensa y protección de la mujer con el fin de hacer frente en justicia contra toda clase de acoso, laboral, sexual, sicológico, entre otros temas relacionados con su existencia diaria y sus relaciones en la sociedad.
Hacemos esta afirmación teniendo en cuenta los sucesos acaecidos durante el presente gobierno declarado “feminista” en toda su extensión, pero que los hechos, demuestran todo lo contrario, lo que resulta paradójico.
Y resulta muy extraño que su comportamiento sea lento, paquidérmico y a veces nulo, cuando se trata de las denuncias presentadas en sus propias filas gubernamentales, como por ejemplo, los casos conocidos del embajador en la FAO, Armando Benedetti y el gerente de la cadena televisiva RTVC, Hollman Morris, que los han denunciado públicamente por presunta violencia contra la mujer y hasta ahora el silencio del propio Presidente es incoherente.
Nuevamente se abrió el debate esta semana con el caso del presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Diego Cancino, por presunto acoso sexual, mientras que el gobierno guarda silencio y por lo tanto genera cuestionamientos y ausencia absoluta de coherencia con su discurso feminista.
Y decimos falta de coherencia si tenemos en cuenta su rápida condena pública cuando se presentó una denuncia, contra el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, a quien por las mismas presuntas actuaciones de acoso, el propio presidente de la república le pidió su renuncia.
Es demasiado extraño que la congresista Jeniffer Pedraza afirmara que parece que existiera un pacto de silencio impuesto a las mujeres activistas con el solo objeto de favorecer el “proyecto político” lo que conduce a reflexionar con mayor profundidad, para conocer cuál es la línea trazada en el interior de las toldas oficiales en este sentido.
La violencia contra la mujer ha sido un tema central desde hace ya varios gobiernos, no es este el único, que se le abona la creación del Ministerio, pero que no parece funcionar en toda su amplitud hasta ahora, puesto que los hechos de violencia contra la mujer aumentan cada día y la justicia es lenta igualmente en sus investigaciones y condenas.
El acoso laboral, sexual y sicológico, contra la mujer, ha sido una constante en los sectores público y privado, que es mucho más notorio y grave cuando se presenta en el primero, porque se quebrantan principios fundamentales de la Constitución y las leyes.
Sea este momento propicio, para llamar la atención urgente, sobre las investigaciones adelantadas en los casos que mencionamos, puesto que está en juego la credibilidad del discurso oficial cuando se contrasta con los hechos concretos de la vida diaria. No puede ser así, no existe coherencia, estar pronto para condenar a los otros y guardar silencio sepulcral cuando de los “amigos” se trata, en otras palabras, de “ver la paja en el ojo ajeno y no los ladrillos propios”.
Este no es un asunto pasajero, se trata nada más ni nada menos, de la convivencia pacífica de la sociedad, en donde la mujer juega un papel fundamental, especialmente cuando ha demostrado su gran capacidad para manejar los asuntos públicos.
