a tasa de accidentalidad en Colombia y en cada uno de los departamentos crece en forma exponencial en cuyas ciudades intermedias, como Tuluá y Buga, se convierten en el “pan nuestro de cada día” lo cual obliga a tomar serias medidas de prevención por parte de las autoridades respectivas, que se quedan cortas en relación con el problema por resolver si es que de verdad se quiere cumplir la Constitución cuando reza “el Estado está en la obligación de proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos”.
Es innegable que este fenómeno de la accidentalidad vial superó la capacidad de control por parte de las autoridades respectivas, a pesar del ordenamiento legal existente para hacerlo y es que, tal como lo reporta el DANE, cada año crece el número de víctimas en el país y por supuesto, que para el caso de Tuluá, el pueblo se siente alarmado, maniatado, miedoso, compungido, ante su impotencia, cuando ve con temor y ansiedad, el trepidar de los motores de motocicletas y otros vehículos que circulan por sus calles, sin control de ninguna clase, violando todas las reglas de tránsito posibles, en medio de una estúpida resistencia a la obediencia de los reglamentos, que giran en torno a una cultura pésima y de mal gusto e insociable de la fuerza y el poder que reemplaza la solidaridad, el respeto, la convivencia y por supuesto la vida de la comunidad.
Vivimos un caos vehicular, en donde todos corren, especialmente las motocicletas, hacen maniobras circenses, evitan los semáforos, saltan los andenes, se fugan en caso de accidentalidad, no tienen los documentos requeridos y un problema adicional se agrega y es el del parqueo, ocupando espacio público que estorba y entorpece la movilidad.
En otras palabras, a las autoridades el problema se les salió de las manos, la aplicación de la ley, el control vial, la vigilancia estricta no existe y como si fuera poco, siempre llegan tarde a los hechos.
Es demasiado grave esa cultura de la velocidad y de la fuerza imperante en nuestro medio y algo muy preocupante es la ausencia de análisis a profundidad, estudiar el por qué, se queman las motos hacinadas en las Secretarías de Tránsito, por qué, se presenta un profundo resentimiento hacia la autoridad, por qué no se quiere aceptar el hecho punible, entre otros temas de vital importancia para la convivencia pacífica.
Es relevante ver que las motos las entregan con la sola presentación de la cédula, al concesionario no le interesa si sabe conducir bien o no, solo la venta. Por ahí, podría ser una de las primeras acciones orientadas a prevenir la accidentalidad. Y, al mismo tiempo, es necesario un procedimiento integral, en donde se conjuguen todas las fuerzas legítimas que tienen que ver con la movilización vial y peatonal en el municipio.
Ese desorden y caos vehicular no da espera, es urgente solucionarlo. Ojalá que sea aprovechado esta primera etapa de los “cien días” del nuevo gobierno, para adelantar todo lo que sea posible en este sentido, ya que la problemática , además de superar a las autoridades, el descontento de la gente crece, el temor se apodera de la comunidad y la esperanza se pierde.
