Nunca antes en la historia del país se había visto el desdichado crecimiento de la violencia contra las mujeres, hasta tal punto que el propio presidente de la república ha sugerido decretar una emergencia social para detener la ola de crímenes, maltratos, abusos, acosos, y toda clase de discriminaciones en su contra, como consecuencia de una hereditaria situación patriarcal y el machismo generado a través de la historia.
Muy a pesar de las normas, leyes y decretos que intentan frenar esta violencia, el Estado no acude con presteza al llamado urgente de las mujeres víctimas de esas conductas que la destruyen día a día, porque no existen los protocolos eficaces, porque el miedo se apodera de las víctimas, porque no hay confianza en las instituciones gubernamentales, y en la mayoría de las veces, porque se atreven y más adelante pagan las nefastas consecuencias con desapariciones y la muerte.
No existe la menor duda que se hace necesario una revisión profunda de la institucionalidad, porque ha fracasado en su intento de frenar este feminicidio en cadena, a partir de una atención de integralidad, lo cual no ha funcionado.
La extrema vulnerabilidad de las mujeres víctimas de la violencia exige nuevas respuestas del Estado, es necesario corregir la serie de errores y falencias que arrastra el actual sistema de protección en sus distintos niveles institucionales, nuevos crímenes se sumarán al gran número de feminicidios que se han convertido en un azote diario de las mujeres.
Hay sometimiento de las víctimas a sus agresores, sea por motivos económicos, sentimentales o de origen emocionales, que no pueden evadir ni mucho menos frenar con eficacia y la debida oportunidad. Parece que el sistema no está preparado para atender las denuncias a su debido tiempo, identificar la vulneralidad de la mujer, no tienen el personal suficientemente preparado, no hay seguimiento de las denuncias, en otras palabras no existe protección total.
Las mujeres en el sector rural están más desprotegidas, desamparadas, lejos de un gobierno que ahora quiere e intenta estar cercano, pero la brecha es inmensa, entre las normas y su eficacia real.
Se debe tener en cuenta que la mujer ya salió del hogar, como fue su tradicional manera de vivir, cuando el hombre era quien estaba preparado para trabajar y ganarse el sustento, pero actualmente no es así.
Es necesario igualmente, analizar y profundizar en las nuevas relaciones de pareja, pues la unión marital tal como se concebía antiguamente y en especial en el catolicismo, está en crisis, son más las separaciones que las uniones.
Y los divorcios en el matrimonio civil son interminables, de tal manera que es muy importante que el Estado, la Iglesia Católica, actualicen sus posiciones ante nuevas conductas, influenciadas por nuevas modalidades culturales, que a veces no ayudan en nada a resolver los conflictos, sino que por el contrario, confunden y deterioran la sociedad moderna.
Es preciso pararle bolas en serio y con responsabilidad a esta escalada de violencia contra la mujer, detener toda clase de maltrato, nada justifica esta parsimonia del Estado para resolver un problema tan grave que afecta a la sociedad colombiana.
