Aproximadamente un millón de usuarios de la región podrían quedar sin el servicio de salud de no encontrarse una solución a la crisis actual que plantean las tres más grandes EPS del país ante el gobierno central, al anunciar un cierre parcial o total debido a su situación financiera que llegó a un punto insoportable económicamente.
El déficit en el pago de las obligaciones a los centros de salud, clínicas y hospitales, es histórico, pues asciende a la suma de un billón de pesos, de los cuales $319 mil corresponden a centros de salud de nivel municipal; $345 mil millones a las instituciones de mediana complejidad y $407 mil millones a los de alta complejidad, de donde se explica la permanente crisis del hospital Universitario, que atiende los pacientes no solo de Cali sino de la región centro vallecaucana, y así mismo el San Juan de Dios con 270 años de existencia lucha diariamente por no cerrar.
La advertencia de las EPS en crisis, crea mayor incertidumbre porque si entran en liquidación se detienen los pagos que tenían con la red de salud y el traumatismo que causaría en la prestación de servicio médico a los usuarios.
La esencia de los reclamos está en que el Estado no ha aumentado en años el valor que reconoce anualmente por cada afiliado al sistema general de salud para cubrir las prestaciones del plan de beneficios, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo y además por las deudas que tiene con ellas desde la época de la pandemia.
Para el caso del Valle del Cauca es urgente que se atiendan las solicitudes de la gobernación y de la Secretaría de Salud, pues el déficit es histórico y está en grave peligro la red hospitalaria de la región y la solución se encuentra en temas puntuales que no necesariamente necesitan un cambio estructural, sino mejorar lo que ya se tiene funcionando.
No se puede continuar con ese rifirrafe entre el Ministerio de Salud y las EPS, consistente en que sí se les gira los recursos, mientras que las segundas responden que no les alcanza, es lo que ha llevado la problemática existente y como siempre serán los usuarios los que llevan la peor parte.
De otro lado, es igualmente necesario que se revise el sistema, para que se acabe de una vez por todas con la corrupción subterránea que mina la prestación de los servicios y se convierte en una bola de nieve imposible de contener.
Han sido muchos los anuncios de gobiernos anteriores acerca de la solución integral a esta problemática tan sensible a los colombianos y parece ser que continuará por otros años más, si no se le pone tatequieto de una vez por todas.
En los estrados judiciales ya no caben más tutelas reclamando la atención a sus dolencias, esto no puede suceder en un sistema que debería ser el mejor de cualquier Estado democrático que se respete, como tampoco lo es, las largas y asfixiantes esperas de los usuarios para ser atendidos cuando de especialistas se trata, así como de la obligatoriedad de trasladarse de un municipio a otro para acceder a la atención médica.
Ya es hora de que se escuche y resuelva la crisis endémica de la región por parte del gobierno central.
