La gran mayoría de los alcaldes del país tienen problemas de orden público en donde están inmersos los inmigrantes venezolanos sin poder judicializarlos, amparados en un recién estatuto de protección y por la obligada obediencia al respeto de los derechos humanos y ausencia de legalización oportuna de los vecinos que se han quedado en nuestra patria buscando nuevas oportunidades ausentes en su territorio, como consecuencia del intento de establecer una nueva modalidad de gobierno llamado Bolivariano, que aún no se consolida, sino que aumenta los conflictos económicos y sociales que afectan principalmente a la población más pobre.
La acogida colombiana ha sido formidable, se han organizado cientos de extranjeros en puestos de trabajo, se han hecho grandes esfuerzos para atenderlos en salud y en la alimentación y finalmente se aprobó el Estatuto de Protección al Inmigrante, hecho aplaudido hasta por los organismos internacionales.
Pero lo que nadie tenía previsto, era que entre los miles de refugiados aparecieran grupos delincuenciales que, en lugar de contribuir a solucionar los problemas y sus propios conflictos y tribulaciones, escogieran el camino más rápido y fácil, como es el de delinquir, aunque sabemos que en momentos de profundos aprietos no se encuentra otra salida, pero un gobierno no podría aceptar ni la ilegalidad, ni la violación a la ley de buenas a primeras, solo porque son inmigrantes.
Ahora bien, la contradicción en que se encuentran, la alcaldesa de Bogotá con los altos funcionarios del gobierno central, incluído el propio Presidente de la República, no son ajenos a casi ninguno de los mandatarios municipales en el territorio nacional, puesto que los vecinos venezolanos andan de la seca a la meca por todas las carreteras nacionales y pernoctan en donde pueden y así se quedan en las localidades grandes y pequeñas, buscando lógicamente la mejor forma de ganarse la vida. Pero no se puede aceptar de ninguna manera que lo realicen, delinquiendo, asaltando a la gente, bajo el pretexto que no los pueden judicializar ya que no tienen identificación ni registro del orden nacional como beneficiados por las leyes de los inmigrantes.
También entendemos que no todos son vándalos, criminales y delincuentes porque hay una gran mayoría que juiciosamente están dedicados a su trabajo legal y productivo, contribuyendo así, al desarrollo del país, como también somos conscientes de que son muchos los atropellos cometidos contra otros, que realmente están indefensos en un pueblo extranjero y sufren sus consecuencias de inseguridad, desesperanza, soledad y desconcierto.
Insistimos en que lo anterior no es óbice para que el gobierno entre de lleno a establecer rápidamente la mejor forma de judicializar a los que delinquen, de establecer criterios claros sobre modalidades de convivencia y ayudas adecuadas para tratar de ofrecerles una mejor calidad de vida y si es posible la permanencia en nuestro territorio.
Colombia no se puede convertir en una guarida de ladrones, delincuentes y desocupados, sino que sean bienvenidos quienes realmente son refugiados, huyendo de un régimen que no les es favorable para un proyecto de vida, pero aquellos convertidos en los destructores de la sociedad no podrían ser admitidos a la ligera, sino antes por el contrario debe caerles el peso de la ley con todas sus consecuencias.
