Hace más de 20 años el paramilitarismo copó la cuarta parte del Congreso, y el gobierno nacional que empezaba con el uribato, según el jefe de las AUC, Carlos Castaño.
El caso de la parapolítica se robó la atención del país, en las que muchas veces los mismos medios que hoy se ensañan contra Petro, justificaron veladamente el actuar criminal de estos.
El diario El Tiempo y la cadena RCN fueron la punta de lanza de este embrujo mediático, mientras la valerosa sala penal de la Corte Suprema de Justicia iba encarcelando funcionarios por el caso de la “parapolítica”, lo que provocaría que fueran chuzados ilegalmente por el órgano de inteligencia estatal de aquel entonces, el DAS.
Mucha sangre corrió, pero el gobierno de Uribe Vélez se afianzaba en la aprobación popular tanto que osó en aplicar la nefasta política de los falsos positivos en la fuerza pública, que según la JEP dejó un saldo de 6402 victimas.
Conco-mitantemente, iniciaron un proceso de paz (Santa Fé de Ralito) con falencias que detectó la Corte Constitucional, y que apenas iba a arrojar verdad fue truncado con la extradición fulminante de los jefes paras, decretada por el presidente.
Salvatore Mancuso fue uno de ellos, y lleva 15 años purgando condena en USA, pero ha venido mostrando gestos de dar verdad ante la mencionada JEP a la que debemos agradecer el esclarecimiento de la historia violenta reciente del país.
El testimonio de Mancuso y la vinculación directa de las élites y el narcotráfico con las AUC, que ya de por sí tiene valor probatorio en una actuación judicial, en cualquier otro país estaría causando conmoción y llamando implícitamente a un debate nacional, pero acá la matriz mediática de las élites de siempre prefieren hacer espectáculo con el inane “de malas” de la vicepresidenta Francia, o un twitt del presidente Petro. Por fortuna, con la JEP habrá consecuencias jurisdiccionales, que pueden repercutir en tribunales internacionales.