Hasta el momento, el Gobierno Nacional no había detallado por qué, en vez de acudir a otras fuentes de financiación, se han usado recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz. No obstante, en documento oficial enviado al Congreso para un debate de control político, el Ejecutivo entregó las explicaciones pertinentes.
En primera instancia, el director del Fondo de Programas Especiales para la Paz, Juan Carlos Morales Vargas, argumentó que “la construcción de la paz empieza con un Gobierno que escucha a los ciudadanos, que está cerca de ellos, por esa razón es importante el uso de todas las herramientas disponibles para brindar información oportuna, clara y precisa a los colombianos”.
De esta manera, según el alto funcionario, este tipo de estrategias, como las que se llevan a cabo en redes sociales, “permiten conocer la opinión de la gente en cada uno de los temas abordados en las redes sociales y la percepción de la ciudadanía frente a cada uno, lo cual derivará en nuevas propuestas y soluciones que aporten en la construcción de una sana convivencia”.
La comunicación enviada al Legislativo aclara que ninguno de estos contratos constituyen “gastos de publicidad”. No obstante, el director del Fondo Paz admite que “se han celebrado algunos contratos cuyo objeto principal es el desarrollo de las estrategias de medios masivos o digitales, en los cuales existe un componente de difusión institucional”.
El Fondo de Programas Especiales para Paz se creó en 1997, con la ley 368 de ese año, con el único propósito de “fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas, que demuestren su voluntad de incorporarse mediante su desmovilización y la dejación de armas”. Igualmente tiene entre sus funciones “diseñar y desarrollar los planes que conlleven a la habilitación y rehabilitación de los discapacitados víctimas de la violencia”.
El informe de la Flip indica que de los más de 20 mil millones de pesos que se han destinado a lo que el organismo llamada “publicidad oficial”, “7.390 millones para estrategias digitales y de redes; 5.130 millones para estrategias de comunicación generales y planes de medios; 118 millones para la producción de material publicitario; y 56 millones para la publicación de avisos en medios impresos. Así mismo, el 50 por ciento de los recursos provinieron del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz)”.
Para este mismo debate de control político, los congresistas de oposición Mauricio Toro, Katherine Miranda, Juanita Goebertus y Wilmer Leal le piden al Ejecutivo explicaciones sobre la contratación de Juan Pablo Bieri, quien fue señalado de censura durante su paso por la gerencia de RTVC, lo que motivo su salida del cargo.
Sin embargo, posteriormente Bieri fue vinculado de nuevo al Gobierno, esta vez como contratista.
Frente a este tema, la Secretaría Jurídica de la Presidencia asegura que debe prevalecer “el derecho fundamental a la presunción de inocencia”, lo que significa que “toda persona es inocente, partiendo del supuesto de que sólo se puede le puede declarar responsable al término de un proceso que debe estar fundado en plenas garantías procesales”.
“De acuerdo con lo anterior – agrega la oficina jurídica de Presidencia – el doctor Juan Pablo Bieri Lozano a la fecha no tiene antecedentes penales, fiscales o disciplinarios”.
A pesar de lo anterior, tal como lo publicó EL TIEMPO el pasado 20 de octubre, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Bieri por posible extralimitación de funciones, abuso de autoridad, censura, y posible violación a los derechos de libertad de expresión y opinión.
Igualmente, el órgano de control envió copias a la Fiscalía para que adelante las acciones penales que correspondan a su competencia con relación a la conducta del exgerente de RTVC.
En una certificación enviada por el Departamento Administrativo de la Presidencia a la Alta Consejería para las Comunicaciones, conocida por este diario, el Ejecutivo señala que Bieri tiene un contrato con el Gobierno por 468 millones de pesos distribuidos así: 36 millones que se le pagaron en 2019, 222 millones que se deben cancelar en el transcurso de este año y 210 millones de pesos que facturará el contratista en 2021.
Tomado de El Tiempo
