El fallo, que aún está en etapa de lectura, abre la puerta a un escenario político y jurídico inédito para el país. Aunque ya se ha establecido su responsabilidad en uno de los delitos, aún falta que la justicia se pronuncie sobre los otros dos: soborno agravado y fraude procesal. De ser hallado culpable en todos, Uribe podría enfrentar una condena de entre seis y doce años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de multas millonarias.
El caso, que comenzó hace más de una década con denuncias del senador Iván Cepeda, ha puesto a prueba la solidez institucional del país. La validación por parte de la jueza de los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, clave en el proceso, así como de las pruebas presentadas por la Fiscalía, marca un antes y un después en la relación entre poder político y justicia en Colombia.
«El soborno ha quedado acreditado», afirmó Heredia, al señalar que los intentos por desacreditar a Monsalve no lograron desvirtuar la autenticidad de las grabaciones y los testimonios. La jueza también criticó la estrategia de la defensa por generar un relato unificado entre sus testigos, lo que a juicio del despacho restó credibilidad a la versión presentada por Uribe y su equipo.
Se espera que su equipo legal solicite la nulidad parcial del proceso, alegando violación del debido proceso y errores en la valoración de las pruebas. De forma paralela, también podrían acudir ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para pedir la revocatoria de la sentencia. Si la apelación es rechazada, no se descarta que el caso escale hasta la Corte Suprema de Justicia o incluso se plantee una eventual demanda internacional, aduciendo persecución política.
La defensa también buscará que, en caso de condena definitiva, Uribe pueda cumplir la pena en detención domiciliaria, debido a su edad (73 años) y su condición de expresidente.
Si la defensa logra que el Tribunal Superior de Bogotá apruebe la apelación contra la sentencia de primera instancia, el proceso judicial no solo se extendería varios meses, sino potencialmente años. Tras la apelación inicial, el tribunal tiene plazo hasta octubre de 2025 para emitir un fallo. Si no lo hace antes de esa fecha, el caso podría prescribir, lo que significa que la condena no podría ejecutarse. En caso de que el Tribunal confirme la condena, se abriría la puerta a un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema, que podría prolongar el litigio judicial por hasta 5 años más
Si el expresidente es hallado culpable por todos los cargos, se prevé una pena privativa de la libertad que pondría fin a su vida pública y política. Además, quedaría inhabilitado para aspirar a cargos de elección popular, truncando cualquier intención de retorno a escenarios electorales.
Desde lo político, el fallo ya ha sacudido al uribismo. Algunos sectores lo han asumido como una persecución, mientras que otros reconocen que es el fin de una era. La condena parcial refuerza el discurso de quienes exigen justicia sin distinción de poder y plantea interrogantes sobre el futuro de la derecha en Colombia.
Este fallo parcial representa un hecho histórico: nunca antes un expresidente colombiano había sido declarado culpable penalmente en un proceso judicial ordinario. En un país donde la impunidad ha sido norma para las figuras del poder, el caso Uribe sienta un precedente con eco regional e internacional.
Aún falta el pronunciamiento final sobre los otros cargos. Pero con una primera condena en firme, la historia ya ha cambiado. La respuesta de la defensa será clave para definir el curso de este proceso, que podría prolongarse varios meses más en instancias superiores.
