La acusación se fundamenta en el presunto delito de fraude a resolución judicial, contemplado en el artículo 454 del Código Penal. Según el documento radicado, el jefe de la cartera habría incumplido de manera “consciente, reiterada y material” órdenes emitidas por la Corte Constitucional dentro del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.
En particular, los denunciantes señalan presuntas fallas en la garantía de suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y en los presupuestos máximos destinados a servicios no cubiertos por esta. Entre las omisiones mencionadas figuran la ausencia de un acto administrativo que unifique los presupuestos anuales, pagos tardíos e insuficientes a actores del sistema y el cálculo de la UPC basado únicamente en la inflación, sin incorporar estudios técnicos completos.
Además, cuestionan las mesas técnicas ordenadas por la Corte para revisar la UPC, al considerar que fueron espacios formales sin deliberación real ni acceso pleno a la información.
“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes”, advierte el documento. La coalición pidió a la Fiscalía investigar la responsabilidad penal individual del ministro y determinar si existió un patrón de incumplimiento de decisiones judiciales vinculantes.
