En las últimas horas, esta asociación advirtió sobre un posible apagón, en caso de que el presidente llegue a firmar un documento que plantea un cambio al decreto 1073 de 2015.
La modificación plantea políticas y lineamientos que cambiarían cómo se paga el alumbrado público del país, indicó Caracol Radio, pues ya no sería dentro de la factura de la luz, como sucede hasta el momento, sino que las diferentes Alcaldías y Gobernaciones deberían buscar otro mecanismo para que los colombianos cumplan con esta obligación.
La adición al decreto ya mencionado señala que “las empresas de servicios públicos deberán brindar a los usuarios la posibilidad de realizar pagos independientes para los servicios públicos domiciliarios y los cobros de terceros”.
Además, dice que “las entidades territoriales no podrán fijar tributos cuyo hecho generador esté asociado al consumo, distribución, transporte, autogeneración, congeneración y otras medidas asociadas con el servicio público de energía eléctrica”.
Desde la Asociación Nacional de Alumbrado Público (Anap), gremio que agrupa a las empresas públicas y privadas, advirtieron que el decreto que se adiciona no fue consultado. De hecho, la adición al decreto 1073 señala que las empresas tendrán tres meses para adecuar el cobro a estas nuevas condiciones.
“Lo que se pretende es dejar de recaudar los recursos que mantienen el alumbrado público de 1.000 municipios del país, poniendo en riesgo este servicio básico para la seguridad ciudadana. Una ciudad a oscuras es amenazante y aterrador. Este decreto que ha publicado el Gobierno y que se encuentra en etapa de consulta dejaría prácticamente sin fuente de recursos el funcionamiento del servicio de alumbrado en todo el territorio nacional. No hubo un estudio previo, un análisis adecuado, una valoración de impactos, una justificación, lo que pone en riesgo la prestación del servicio”, dijo Armando Gutiérrez, directo ejecutivo de esta asociación, en un audio difundido por Caracol Radio.
En otras palabras, el alumbrado público ya no se pagaría en la factura de la luz que llega a la casa con el servicio de energía domiciliario, sino que deberá tener otra factura. Y aunque el Gobierno argumenta que esto se hace para que la factura de la energía domiciliaria llegue más barato, desde la Anap indican que se está exponiendo al país a una posible crisis en el alumbrado público.
La tesis del Gobierno de que una factura llegue más barata es una realidad a medias, pues si bien sí llegará a un menor precio, a las personas les tocará pagar el alumbrado público en otra factura. Es decir, lo que actualmente se paga en una, ahora se pagará en dos. La preocupación para las empresas es que algunos colombianos dejen de pagar el alumbrado público, lo que crearía una crisis financiera que se puede trasladar a una crisis energética.
En el Chocó esta medida funciona desde hace un tiempo y la medida ha provocado un detrimento en el alumbrado público que en la actualidad es deficiente porque muchas familias decidieron dejar de pagarlo como consecuencia de sus difíciles condiciones económicas.
