El Congreso de la República aprobó una nueva ley que busca reducir significativamente la contaminación auditiva en el país. Esta legislación, que ha sido motivo de debate durante varios meses, contempla sanciones más estrictas contra las personas y establecimientos que excedan los niveles de ruido permitidos. Las multas pueden alcanzar sumas millonarias, dependiendo de la gravedad de la infracción y su impacto en la comunidad.
Detalles de la ley
La norma establece límites precisos de ruido en áreas residenciales, comerciales e industriales. Quienes los excedan podrán enfrentar sanciones que van desde comparandos económicos hasta cierres temporales de establecimientos . La contaminación auditiva, causada principalmente por establecimientos comerciales, industrias y vehículos, afecta la salud pública al provocar estrés, insomnio y problemas auditivos en la población.
Multas y sanciones
Las multas podrían oscilar entre cinco y veinte salarios mínimos legales vigentes , lo que equivale a montos de entre $6 millones y $25 millones de pesos . Además, los reincidentes o aquellos que ignoren las medidas correctivas podrían enfrentarse a sanciones más severas, como la incautación de equipos o la suspensión de licencias de funcionamiento .
Impacto esperado
Según expertos y congresistas promotores de la ley, esta medida tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La contaminación auditiva afecta principalmente a las ciudades más densamente pobladas, donde el tráfico vehicular, la construcción y el ruido nocturno son problemas constantes. La nueva normativa busca concienciar sobre la necesidad de un entorno más saludable y respetuoso.
Reacciones de la ciudadanía
La aprobación de esta ley ha generado opiniones divididas. Mientras algunos ciudadanos la celebran como un avance necesario para la salud pública y el bienestar, otros, especialmente dueños de bares y establecimientos nocturnos, manifiestan preocupación por el impacto económico que podrían tener las sanciones.
Con la entrada en vigor de esta ley, las autoridades locales estarán encargadas de realizar controles periódicos y responder a denuncias de los ciudadanos para garantizar su cumplimiento. La implementación de esta normativa marca un precedente importante en la lucha contra la contaminación auditiva en el país.
