Uno de los artículos más cuestionados establece que un esposo puede golpear a su esposa siempre que no queden marcas visibles. Solo en casos donde existan fracturas, heridas abiertas o lesiones evidentes —y bajo prueba ante un tribunal— se contemplarían sanciones que podrían llegar hasta 15 días de prisión. Activistas advierten que la norma minimiza la gravedad de la violencia intrafamiliar y dificulta la denuncia.
El texto también contempla penas más severas para conductas consensuadas entre adultos no emparentados que para agresiones físicas en el ámbito doméstico, lo que ha sido señalado como una desproporción alarmante. Además, otras disposiciones restringen la movilidad de mujeres casadas, imponiendo posibles sanciones si permanecen fuera del hogar conyugal sin autorización del esposo.
Desde que el Talibán retomó el poder en Afganistán en 2021, las mujeres han enfrentado restricciones en educación, empleo y participación pública. Para defensores de derechos humanos, este nuevo marco legal profundiza esas limitaciones y representa un retroceso significativo en garantías fundamentales.
