Relato de la víctima
Vargas relató que el incidente ocurrió cuando no había ninguna relación de confianza entre ellos: “Ni siquiera nos saludábamos de beso”, señaló. La funcionaria afirmó que algunos amigos presentes en el lugar fueron testigos de lo sucedido y podrían respaldar su testimonio en el proceso judicial.
Expresó su rechazo a que situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral y político sigan siendo silenciadas. “Llevo 13 años trabajando como defensora de derechos humanos. Es nefasto que este tipo de violencia siga siendo callada. No es justo que las mujeres sigamos siendo violentadas y vistas como objetos sexuales”, afirmó Vargas, quien lleva años trabajando en defensa de los derechos humanos de diversas comunidades.
Petición de justicia y un llamado al presidente Petro
Aunque Vargas apoya el actual gobierno y el proyecto de cambio impulsado por el presidente Gustavo Petro, subrayó que su interés no es afectar dicho proyecto, sino buscar justicia. «Mi llamado solo es a que se haga justicia», declaró, al tiempo que expresó su deseo de que el mandatario se pronuncie sobre el caso. En su mensaje, pidió que el gobierno no ignorara este tipo de denuncias que afectan la dignidad de las mujeres, especialmente aquellas que, como ella, trabajan en defensa de los derechos humanos.
La respuesta de Diego Cancino
Por su parte, Diego Cancino emitió un comunicado en el que niega las acusaciones, argumentando que en ningún momento incurrió en ninguna forma de acoso sexual. “Estoy absolutamente convencido de que en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso sexual”, afirmó, subrayando que estuvo acompañado por amigos de Viviana durante el encuentro.
Cancino, quien se mostró visiblemente afectado, aseguró que colaborará plenamente con las investigaciones y destacó su compromiso con la verdad y la justicia. «Estoy comprometido con la justicia, el respeto y colaboraré plenamente con cualquier investigación para contribuir a la verdad en este tema tan delicado”, concluyó.
Este caso ha generado un fuerte debate en la opinión pública, donde se pide justicia y un pronunciamiento del Gobierno, en un contexto donde la defensa de los derechos humanos y la integridad de las personas deben primar sobre cualquier otro interés político.
