En medio del gigantesco escándalo del uso del aparato de seguridad del Estado para perseguir y acosar a Marelbys Meza, exniñera la actual directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, hay un pulso entre la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar por quién tiene la facultad para adelantar este proceso, en especial, en el caso del poderoso coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la Casa de Nariño a quien apuntan todos los reflectores y cuya defensa considera que debe ser investigado por la Penal Militar.
Fuentes de la policía confirmaron que son investigadores y peritos de la Justicia Penal Militar y Policial que se encuentran en el palacio presidencia, dentro los que cuáles hay un perito en fotografía, en topografía; y varios funcionarios judiciales.
Como se recordará, por este caso está acusado formalmente por la Fiscalía, el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, y quien es señalado por la justicia como el presunto cerebro de todo el despliegue que ejecutó la Policía en contra de Meza, por un dinero que se le perdió a Sarabia en su casa.
En entrevista, el Fiscal de la Justicia Penal Militar, el general Marco Bolívar, explicó cuál sería el trámite que tendría el caso del coronel Feria y de los otros policías que se encuentran vinculados en el proceso de llegar el expediente a esta instancia.
“El Fiscal (penal militar) tiene la autonomía de analizar el caso y de tomar las decisiones que correspondan, eso es imputar o solicitar una preclusión, pero tiene que tomar algún camino, es decir, o va por la imputación o más bien arranca el tema de la investigación propiamente dicha. Si no ve elementos de juicio, pues puede solicitar una preclusión ante un juez de conocimiento con la participación de la Procuraduría, de las víctimas y por supuesto del indiciado”, dijo el Fiscal Bolívar.
Agregó el oficial que: “hay que tener en cuenta que dentro del esquema procesal figuran unos tiempos para que el Fiscal, o bien impute o bien precluya, pero lo que no es quedar esta investigación en el limbo, que no pase ni una ni la otra cosa. La ley determina un máximo de tres años para decidir si se imputa o precluye la investigación, igual como sucede en la jurisdicción penal ordinaria”.
Así mismo indicó que: “no podemos decir que arranca en cero, porque ya hay unos elementos recolectados muy importantes, con lo cual se gana tiempo para tomar decisiones. Tenga en cuenta usted que precisamente ese tiempo que yo le estoy indicando que lo determina la ley, dos o tres años, pues de alguna manera se gasta, si me permite la expresión, para poder recolectar elementos materiales probatorios; pero si ya se tiene recolectados pues conllevaría a tomar una decisión mucho más pronta. Esto es imputar o llevar a una preclusión”.
Hay que mencionar que el caso se encuentra actualmente en la Corte Constitucional, corporación judicial que deberá definir si el proceso se mantiene en la justicia ordinaria o lo traslada a la Justicia Penal Militar, como lo solicitó la defensa de coronel Feria.
