Los exfuncionarios sostienen que, para finales de 2024, miles de pacientes han perdido acceso a tratamientos vitales, particularmente aquellos con enfermedades crónicas o huérfanas.
Las quejas formales, canalizadas a través de PQRS y tutelas, han experimentado un incremento alarmante, con cifras que superan el 30 % y el 40 % en comparación con el año anterior. Esta situación es un indicativo de problemas más profundos en el acceso a los servicios de salud, severamente afectado por la falta de recursos y una desfinanciación continua.
Entre los puntos más preocupantes mencionados, se encuentra el cierre de más de 1.200 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) durante el año, además de la clausura definitiva de más de 3.000 servicios médicos. La Superintendencia Nacional de Salud ha intervenido varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) que presentan un déficit patrimonial superior a 7,5 billones de pesos. Los expertos advierten que, debido a la desfinanciación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y del presupuesto, podría surgir un déficit que alcance los 5,5 billones de pesos para finales de 2024.
La carta critica fuertemente al Gobierno nacional y, en particular, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien señalan por evadir responsabilidades y distorsionar la realidad. Los exfuncionarios enfatizan que el ministro parece estar más enfocado en sus aspiraciones políticas que en afrontar la crisis actual.
Además, consideran que la reforma de salud presentada por el Gobierno en el Congreso no aborda los problemas estructurales del sistema. Si persiste en esta dirección, advierten que esto podría intensificar aún más el deterioro en 2025. Por ello, los exministros hacen un llamado a establecer un diálogo honesto, basado en la evidencia y libre de intereses políticos, como única solución viable para asegurar la sostenibilidad del sistema de salud y el bienestar de los ciudadanos colombianos.
