El ente de control informó la mañana de este miércoles 1° de noviembre que declaró de “impacto nacional” el caso y “conformó un equipo especializado” de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción con la finalidad de tener conocimiento de primera mano de la información sobre el tema.
“La declaratoria de impacto nacional en el caso de la EPS Sanitas y Droguerías Cruz Verde, permitirá a la Contraloría obtener resultados rápidos con el fin de evitar un posible detrimento en los recursos de la salud, sobre los cuales este organismo de control ejerce un seguimiento permanente”, informó la Contraloría en un comunicado.
El vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, señaló que en la actualidad, la delegada de Salud “realiza una auditoría de desempeño al flujo de los recursos del sistema de salud para determinar las debilidades y cuellos de botella que presenta el sistema, ejercicio que se realiza por primera vez y que audita alrededor de 240 billones”.
El funcionario, además, reiteró su llamado a los actores del sector salud “a velar por los derechos de los pacientes y garantizar la no interrupción de tratamientos de enfermedades críticas”.
Por otra parte, la Contraloría informó que en el último año, esta Unidad contra la corrupción “ha tramitado 14 actuaciones de temas de salud en cuantía de $630.933 millones, dentro de los cuales se han proferido 4 imputaciones de responsabilidad fiscal, por $274.201 millones y 3 fallos con responsabilidad fiscal de primera instancia, por $389.619 millones”.
A esta problemática por el tema de los medicamentos en el país, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó esta al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) generar un plan de acciones urgentes para enfrentar la escasez.
La magistratura dio un plazo de 10 días al Minsalud y al Invima para generar el plan que permita asegurar la disponibilidad de los medicamentos priorizados por el Ministerio y de los demás principios activos que presentan una oferta insuficiente frente a las necesidades de la población.
También deberán priorizar el trámite y resolución de las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que cursan ante el Invima y que se encuentran actualmente pendientes, a fin de garantizar la disponibilidad en los canales institucionales y comerciales.
