Una nueva polémica golpea al Ejército Nacional tras la filtración de un video que ha causado revuelo en redes sociales. En las imágenes se observa a tres militares que, al parecer, inhalan una sustancia similar a la cocaína, presuntamente antes de participar en una operación militar en la madrugada del 22 de julio, en el corregimiento de Playa Rica, municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca.
Según la denuncia difundida con el video, los uniformados pertenecerían al Batallón de Operaciones Terrestres N.º 13 y estarían bajo el mando de un subteniente. La grabación habría sido captada por una cámara de seguridad del sector hacia las 2:46 a. m., momentos antes de una operación que terminó con denuncias por afectaciones a la población civil, incluyendo heridos, desplazamientos y confinamientos.
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— El Tabloide (@ElTabloide) July 25, 2025
Ante el escándalo, la Tercera División del Ejército, que confirmó la apertura de una investigación disciplinaria y la separación preventiva de los militares involucrados. El general Federico Mejía, comandante de la División, aseguró que, de comprobarse su responsabilidad, los uniformados serán retirados del servicio.
“No es la primera vez que se registran hechos de esta naturaleza. En casos anteriores, los implicados han sido destituidos de manera inmediata. No toleramos este tipo de conductas que comprometen la integridad de las operaciones y la confianza institucional”, declaró Mejía.
Los hechos se registran en medio del desarrollo de la operación Escudo del Norte, lanzada recientemente para recuperar el control territorial frente al avance de las disidencias de las Farc, en particular la estructura ‘Jaime Martínez’, que mantiene fuerte presencia en la región.
Comunicado oficial del Ejército Nacional
Horas después de que se conocieran las denuncias, el Ejército emitió un comunicado oficial en el que:
1. Rechaza categóricamente el presunto consumo de sustancias psicoactivas por parte de los militares implicados, y aclara que, de confirmarse, se trata de un hecho aislado que no representa al grueso de la institución.
2. Ordena la apertura inmediata de una investigación disciplinaria, acompañada por instancias penales e inteligencia militar.
3. Reitera su compromiso con el respeto a la ley y los derechos humanos, destacando que más de 20.000 uniformados operan con profesionalismo y honor en la región.
4. Responde a las denuncias sobre el uso de bienes civiles asegurando que las operaciones se ajustan al Derecho Internacional Humanitario.
5. Informa que se activaron canales con autoridades civiles y organismos de derechos humanos para evaluar las afectaciones a la comunidad y garantizar su acompañamiento.
6. Ratifica su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de la población civil, asegurando que las operaciones contra la estructura ‘Jaime Martínez’ continuarán en coordinación con las autoridades judiciales.
Este nuevo escándalo se suma a una serie de cuestionamientos recientes sobre el accionar militar en zonas de conflicto, y pone en el centro del debate la necesidad de reforzar los controles internos dentro de las Fuerzas Armadas.
