Según explicó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la decisión pretende corregir fallas estructurales del sistema y garantizar que el servicio llegue de manera efectiva a todas las regiones del país. Sin embargo, el anuncio ha despertado dudas entre pacientes que temen que estos movimientos afecten la continuidad de sus tratamientos o limiten su capacidad de elección.
De acuerdo con el nuevo esquema, cuando el traslado de una EPS se realiza por disposición del Gobierno, el afiliado deberá permanecer al menos 60 días en la nueva entidad antes de poder solicitar un cambio voluntario. Durante ese periodo, la EPS asignada deberá garantizar la atención médica y la continuidad de los tratamientos.
Si después de ese tiempo el usuario decide cambiar de aseguradora, podrá hacerlo siempre y cuando la EPS elegida esté autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud para operar en su municipio o departamento, de acuerdo con la nueva distribución territorial.
Entre tanto, desde el Ministerio de Salud insistieron en que la norma no implica traslados masivos ni la eliminación del derecho de los usuarios a elegir, sino una reorganización del sistema para mejorar la cobertura y la capacidad de atención en todo el país.
Aun así, expertos advierten que el proceso podría generar incertidumbre entre los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o tratamientos especializados, quienes temen posibles interrupciones en su atención médica.
Por ahora, el nuevo modelo apenas comienza a implementarse y se espera que en las próximas semanas el Gobierno entregue más detalles sobre cómo se aplicarán los cambios en cada región del país y cuáles serán los mecanismos para garantizar la continuidad de los servicios de salud.
