Durante la jornada, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el Ejecutivo seguirá defendiendo el concepto de salario vital como un derecho adquirido por los trabajadores. En la misma línea, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que revertir el incremento sería “inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico”.
Según lo expuesto en la reunión, existe una postura mayoritaria tanto del sector empresarial como del sindical para evitar modificaciones al ajuste definido en diciembre. La preocupación central gira en torno a la incertidumbre que podría generarse en el mundo laboral si se altera una decisión que ya impacta los ingresos de millones de trabajadores.
El Gobierno anunció que acatará el auto del Consejo de Estado mediante la expedición de un decreto transitorio, mientras defiende la legalidad del aumento. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, reconoció que el incremento ha significado presiones para pequeñas y medianas empresas, pero advirtió que revertirlo sería complejo, dado que más de 2,4 millones de trabajadores ya incorporaron el ajuste en sus presupuestos.
El debate, que combina aspectos jurídicos, económicos y sociales, mantiene la atención sobre los efectos del aumento en el empleo y la sostenibilidad empresarial.
