La Comisión Especial de la Procuraduría, que visitó el Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad en Tuluá, encontró varias irregularidades al interior del plantel que, no solo pone en riesgo la vida de los internos, sino también hacen más vulnerable la seguridad en el lugar.
Es así como esta Comisión encontró que más del 70 % de las cámaras de videovigilancia instaladas en la cárcel no funcionan, a pesar de reiteradas solicitudes a la Unidad de Servicios Penitenciarios, USPEC, para que sean reparadas.
El procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, también pudo verificar que el muro que colinda con el barrio La Inmaculada, no cuenta con la altura suficiente para evitar que ingresen armas, drogas, celulares y otros elementos prohibidos que pueden fomentar la actividad criminal al interior del penal.
Finalmente, la Comisión Especial encontró que año y medio después de la grave conflagración que cobró la vida de más de 54 personas privadas de la libertad en este penal, el sistema contra incendios aún no ha sido reparado y puesto en funcionamiento, lo que pone en riesgo la vida de las más de 900 personas recluidas en esa cárcel.
