El altercado, que involucró a religiosas y a uniformados, fue grabado por feligreses y divulgado por el propio sacerdote en redes sociales, donde supera los 20.000 seguidores.
El caso escaló hasta la Prelatura Apostólica Verbum Domini, comunidad católica independiente —no en comunión con Roma— a la que pertenece. Allí se le abrió un proceso disciplinario que podría derivar en su salida del ministerio. Según el pronunciamiento oficial, el presbítero habría oficiado en un lugar sin autorización y desatendido directrices internas sobre el ejercicio pastoral en espacios ajenos.
En entrevista con medios nacionales, monseñor Hernán Andrés Marín Agudelo, arzobispo primado de la Prelatura, aseguró que se le pidió ofrecer disculpas, pero que su reacción pública fue en sentido contrario.
Maldonado, oriundo de Hispania, no es ajeno a la controversia. Ha manifestado abiertamente su afinidad por el fútbol —es seguidor de Atlético Nacional— y ha participado en política: en 2023 aspiró a la Alcaldía de su municipio con el aval del Polo Democrático, donde obtuvo 106 votos.
Mientras continúa bajo investigación interna, su permanencia en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, en Medellín, queda en suspenso. El episodio reabre el debate sobre los límites entre la autonomía religiosa, la disciplina eclesial y la exposición pública en la era digital.
