Durante un consejo de ministros, Jaramillo calificó el hecho como “desafortunado” y señaló que los niños con hemofilia deben tener restricciones en actividades que puedan generar traumatismos. Por su parte, el presidente Petro afirmó que el énfasis debe estar en la prevención y en la educación familiar para reducir riesgos.
Las declaraciones generaron rechazo inmediato. Desde la organización Médicos Colombia aseguraron que un paciente hemofílico puede llevar una vida normal si recibe oportunamente su tratamiento y rechazaron que la responsabilidad recaiga en la madre del menor. “La culpa no es de la madre del niño”, enfatizaron.
Diversos sectores políticos también reaccionaron. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, sostuvo que el Estado debe garantizar la atención sin trasladar responsabilidades a las familias. A su vez, congresistas como Katherine Miranda y María Fernanda Cabal, así como el exministro Alejandro Gaviria, cuestionaron con dureza al Gobierno.
El caso reavivó el debate sobre la crisis del sistema de salud y la intervención de la Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud. Según versiones conocidas, el menor habría esperado cerca de dos meses por su medicación. Las autoridades no han entregado un pronunciamiento adicional frente a las críticas.
