El llamado busca, según sus promotores, defender el salario vital y el ingreso de los trabajadores. Entre quienes promovieron la jornada está el precandidato presidencial Roy Barreras, quien calificó la decisión como una afrenta contra las familias de menores recursos y convocó a una movilización nacional para respaldar el aumento decretado por el Gobierno.
En la misma línea, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) pidió al presidente Gustavo Petro expedir un nuevo decreto en las mismas condiciones del que fue suspendido, al considerar que el mandatario cuenta con facultades constitucionales para hacerlo y que el incremento es necesario para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también cuestionó el auto del alto tribunal y anunció que el Gobierno acudirá a los recursos jurídicos pertinentes para defender la medida. El funcionario expresó su inconformidad porque, según indicó, el Ejecutivo tenía plazo hasta el 24 de febrero para presentar los argumentos técnicos que sustentaron el aumento, y la suspensión se produjo antes de cumplirse ese término.
Mientras avanzan las acciones legales, las movilizaciones buscan presionar una revisión de la decisión y mantener el respaldo al incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno.
