En la decisión SU-367 de 2025, el alto tribunal analizó dos casos en los que padres de familia fueron abandonados y quedaron sin recursos para garantizar su subsistencia.
En ambos escenarios, los hijos y demás familiares argumentaron no contar con capacidad económica para asumir su manutención. Sin embargo, según expuso la Corte, las autoridades competentes no ofrecieron una respuesta efectiva frente a la vulneración de derechos.
El fallo establece que la protección de los adultos mayores no puede limitarse a su internamiento en hogares geriátricos o centros médicos como única salida. La Corte enfatizó que el Estado debe activar mecanismos para ubicar a los familiares obligados legalmente a brindar alimentos y cuidado, y evaluar su real capacidad económica antes de aceptar la imposibilidad alegada.
Con esta decisión, el tribunal refuerza la obligación constitucional y legal de los hijos de responder por sus padres cuando estos no puedan valerse por sí mismos, y ordena a las entidades competentes adoptar medidas concretas para evitar que los adultos mayores queden en el abandono.
La sentencia marca un precedente en la garantía del derecho a una vida digna para esta población y envía un mensaje claro sobre la corresponsabilidad familiar en el cuidado de quienes dedicaron su vida a la crianza y sostenimiento del hogar.
