El aspirante confirmó que acudirá a la Fiscalía General de la Nación para denunciar al magistrado Álvaro Hernán Prada y al conjuez Hollman Ibáñez.
A través de sus redes sociales, Cepeda sostuvo que ambos habrían incurrido, presuntamente, en el delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal. Según explicó, los dos participaron en la discusión y votación de la revocatoria de su inscripción como precandidato del Pacto Histórico, pese a que —asegura— existían impedimentos que les impedían conocer el caso.
“El CNE vulneró gravemente nuestro derecho a la participación política. Nuestros derechos no serán pisoteados impunemente”, expresó el senador, al tiempo que anunció formalmente la denuncia penal. En el caso del magistrado Prada, Cepeda argumenta que existe un proceso penal en curso en el que el funcionario es acusado y él figura como víctima, además de una supuesta animadversión personal. Frente al conjuez Ibáñez, señaló que se habría pronunciado de manera extraprocesal sobre el caso y que también existiría una postura adversa contra él y contra el Pacto Histórico.
Pese a la controversia, el movimiento político decidió no apelar la determinación del CNE y confirmó que su estrategia será llevar a Iván Cepeda directamente a la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo. Mientras tanto, en el bloque que impulsa la consulta, liderada por Roy Barreras y en la que participan otros aspirantes como Camilo Romero, Daniel Quintero y Juan Fernando Cristo, continúa el debate sobre la viabilidad del mecanismo.
El calendario electoral avanza con rapidez: este 6 de febrero vence el plazo para tomar decisiones definitivas sobre la consulta del 8 de marzo, en medio de un ambiente de fractura y tensiones crecientes dentro de la izquierda colombiana.
