De acuerdo con la agremiación, el proyecto fue presentado recientemente con el respaldo del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, y plantea un giro drástico en la regulación de este tipo de servicios. Alianza In advirtió que la propuesta representa “uno de los retrocesos más graves en materia de innovación y movilidad”, al pasar de una discusión regulatoria a un esquema que califica como punitivo y restrictivo.
Según el gremio, de aprobarse la iniciativa, los servicios de transporte mediante vehículos particulares quedarían catalogados como actividades abiertamente ilegales, afectando no solo a las plataformas, sino también a las cientos de miles de personas que obtienen ingresos a través de estas aplicaciones y a los usuarios que las utilizan como alternativa de movilidad segura y eficiente.
El proyecto facultaría a las autoridades para ordenar la suspensión inmediata de la operación de estas plataformas, incluso sin una decisión administrativa o judicial de fondo. Además, contempla sanciones como la inmovilización de vehículos hasta por 120 días, multas cercanas a los 4,7 millones de pesos por cada viaje realizado y sanciones que podrían llegar hasta los 2.179 millones de pesos en casos donde no exista una multa específica.
Alianza In insistió en que la iniciativa desconoce pronunciamientos previos de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que han señalado la necesidad de avanzar hacia una regulación moderna, reconociendo que el uso de estas plataformas hace parte del derecho a acceder a los avances científicos y tecnológicos. Mientras el proyecto avanza en el Congreso, el debate sobre innovación, empleo y libertad de movilidad vuelve a tomar fuerza en el país.
