A propósito de las amenazas del gobierno Petro de “parar todo” en cuanto a las transferencias de dinero para el Valle del Cauca y así trancar importantes obras de interés general como el Tren de Cercanías, es bueno recordar que este garrote en que se convierten los recursos financieros de la nación a las regiones, vía presupuesto general de la nación, no es nuevo, fue Juan Manuel Santos el primero que esgrimió este “argumento” ilegal para bloquearle a nuestro Departamento importantes partidas presupuestales en el ejercicio de sus dos gobiernos.
Lo hizo cuando buscaba apoyo regional para su proyecto reeleccionista y quería los votos de los vallecaucanos -como hoy se hace con la consulta popular- que eran determinantes para su propósito continuista. Aún recuerdo los lamentos del ex gobernador Ubeimar Delgado Blandón por el maltrato que recibía el Valle del Cauca en materia presupuestal por parte del gobierno Santos, maltrato que podía cambiar si el gobierno de los vallecaucanos inclinaba la balanza para apoyar a Santos, quien como presidente aspiraba a la reelección. Un verdadero chantaje al que no sucumbió el entonces gobernador Ubeimar.
“La discrecionalidad del gobierno nacional para manejar a su antojo la chequera de las transferencias a las regiones, por encima de la norma, es un arma letal para castigar o premiar, así lo está haciendo Petro como lección aprendida de su maestro Santos; Antioquia primero y ahora el Valle, son un ejemplo fatal. Los paisas han sufrido la parálisis de importantes obras como las eficientes vías 4G que intercomunican el occidente colombiano y Puerto Antioquia en el Urabá antioqueño.
“La respuesta a la arbitrariedad centralista del gobierno Petro, debe ser el aval de la Registraduría a las más de 3 millones de firmas que piden un referendo para cambiar la Constitución y se permita a los ciudadanos decidir sobre si los departamentos deben o no manejar autónomamente los recursos provenientes de los impuestos que se recaudan en su región. De aprobarse esta reforma constitucional los departamentos ya no dependerán de los caprichos politiqueros de un gobernante que debe ser declarado interdicto, como Petro.