Los mensajes, enviados a altas horas de la noche, sugieren una insistencia de Cancino por encontrarse con Hank, quien calificó las propuestas como “incómodas” y afirmó que no fueron bien recibidas.
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Estos mensajes han cobrado relevancia en un contexto en el que Viviana Vargas, exfuncionaria del Ministerio del Interior, también ha señalado a Cancino por acoso físico y verbal durante su tiempo en el cargo. Vargas, quien se desempeñaba como asesora, detalló que hubo comportamientos invasivos que la hicieron sentir vulnerada y que, pese a su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, sintió que su dignidad era menospreciada. Vargas ha subrayado que este tipo de comportamientos siguen presentes en el ámbito político y laboral, y que es necesario actuar para que las denuncias sean escuchadas.
Amaranta Hank, por su parte, llevó la denuncia a la opinión pública tras recibir respuestas similares de otras mujeres que, según ella, han tenido experiencias similares a Cancino. Al compartir los mensajes, el periodista señaló la importancia de evitar que figuras públicas como él, especialmente quienes ocupan posiciones de autoridad, cometan conductas inapropiadas sin repercusiones.
Ante la exposición de estos casos, sectores de defensa de derechos humanos y figuras públicas han pedido al Gobierno y las entidades pertinentes investiguen la conducta de Cancino y evalúen su designación en la SAE. Argumentan que, en posiciones de liderazgo y representación pública, es fundamental mantener la confianza de la ciudadanía y la integridad ética.
En respuesta a la controversia, Cancino negó rotundamente las acusaciones en su contra y expresó su disposición a colaborar con las investigaciones que se requieren para esclarecer los hechos. Subrayó su compromiso con la justicia y aseguró que desea que la verdad salga a la luz para el bienestar de todas las partes involucradas.
El caso de Diego Cancino ha avivado un amplio debate sobre el acoso y la ética en los altos cargos públicos, resaltando la necesidad de un cambio estructural en la forma en que se gestionan las denuncias de este tipo. Las organizaciones de derechos humanos han instalado al presidente Gustavo Petro a revisar a fondo los antecedentes de sus funcionarios antes de otorgarles cargos de alta responsabilidad, y muchos ciudadanos esperan un pronunciamiento claro que ponga fin a la impunidad en casos de acoso y maltrato en el entorno. laborales.