Al parecer, el desplazamiento forzado se debe a las acciones violentas perpetradas en este territorio por el grupo guerrillero ELN en su disputa territorial con el denominado Clan del Golfo, aposentados en el Cañón de Garrrapatas.

“Estamos atendiendo una difícil situación de desplazamiento que se nos está presentando en el municipio, donde más de 500 personas, casi la mitad son niños, que vienen desde el Cañón del Río Garrapatas, manifiestan que no tienen garantías de seguridad para estar en su territorio, por los actores armados que tiene influencia allí”, indicó el alcalde Muriel Andrade en diálogo con EL TABLOIDE.

Según lo indica el mandatario, esta situación se avizoraba desde el pasado 23 de agosto de 2024, cuando dos menores de edad de la comunidad indígena fueron víctimas de una mina antipersonal, instalada por uno de los grupos ilegales que hacen presencia en la zona.

“Nosotros hicimos el llamado de la afectación y riesgo de seguridad a estas comunidades, porque una niña de la comunidad indígena fue víctima de una mina antipersonal, quien perdió una extremidad inferior y también afecto a otro menor de edad; y pues avisamos y alertamos que se podría generar un desplazamiento por esta situación” explicó el burgomaestre.

Para Muriel Andrade, el hecho que detonó la salida de las familias de su resguardo fue el atentado sicarial a un líder indígena, hace una semana.

“El día 17 de octubre, en horas de la mañana, por el sector del corregimiento Naranjal fue atacado, con 8 disparos que impactaron su humanidad, el mayor del resguardo, Andrés Lobígamo, quien no perdió la vida, pero está muy grave en una clínica de la ciudad de Cali y esto desencadenó que las comunidades abandonaran su territorio por falta de garantías” insistió la primera autoridad de los bolivarenses.

Ruta activada

Ante la llegada de estas familias se activó la ruta de prevención y atención, notificando este caso ante la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, los Ministerios del Interior y de Defensa, la gobernación del Valle del Cauca y el Ejército Nacional para solicitarle acompañamiento para garantizar la seguridad en el territorio.

“Pedimos al presidente Gustavo Petro que ponga sus ojos sobre el municipio de Bolívar, de estas comunidades para que nos garantice las seguridades y a través de los ministerios y agencias se den las garantías y atención que requieren estas comunidades, ya que el coliseo donde están no tienen las condiciones para que pernoten de manera digna” añadió.

Había señales

La Defensoría del Pueblo, desde el 2018, ha realizado 10 advertencias sobre la situación de riesgo a los que están sometidos los indígenas, campesinos, líderes y lideresas sociales y autoridades étnicas del municipio de Bolívar, por la presencia y accionar de Grupos Armados de Crimen Organizado, el ELN y el Clan del Golfo, pero las acciones de atención no han sido las óptimas.

El pasado miércoles sesionó el Consejo Territorial de Justicia Transicional extraordinario para poner en conocimiento ante esta instancia la situación que se presenta en esa localidad del norte del Valle.

María de los Ángeles Origama, líder indígena, dijo que las presiones han sido constantes y lamentó que no haya habido respuesta del Gobierno Nacional pese a los constantes llamados que se han hecho desde la región.

Denunció igualmente que han sido estigmatizados por los grupos al margen de la ley.

«Queremos que nos den garantías desde el gobierno», dijo la dirigente indígena al hacer un llamado para que no los abandonen en este momento de dificultad que están viviendo.