Por un lado está el surgimiento de China como nuevo proveedor de la cocaína falsificada conocida como “tusi” que inunda los mercados europeos y norteamericanos, y por el otro la nueva política de lucha antinarcóticos del gobierno que prohíbe el fumigamiento con glifosato y el hostigamiento en general al campesino que le ha tocado cultivar coca porque no puede morir de hambre, pero aplica la interdicción sobre los cargamentos de cocaína ya prensada que va al exterior y va dejando una cifra record de incautación por toneladas que jamás ningún gobierno había logrado, y explica así mismo la purga de más de 60 generales de la fuerza pública en agosto, y de funcionarios de la Aeronáutica Civil en octubre que fungían presumiblemente como la “cadena de custodia” de la droga.
Un éxito incuestionable. Ganan los campesinos que irán destajando voluntariamente la mata de coca, pero conmina al Estado a que ingrese inmediatamente al campo con programas de cultivos lícitos que le den sustento a su comunidad.
Y pierden por supuesto los narcos y sus testaferros que ven su economía ilegal afectada, y de paso gran parte de la clase política colombiana que ha financiado descaradamente su proselitismo con el lavado de activos y ha permitido que nos haya gobernado un “narcoestado” por lo menos desde los 90, una facción que hoy está en sus estertores coincidiendo con su oposición cínica en el parlamento a las reformas de la salud, pensional y laboral; y en un pavor a perder el poder local en las elecciones regionales de octubre.
En la medida de que la mafia vaya perdiendo mercado en el país, mayor será la oposición política a Petro y su plan social. El enfrentamiento político está abierto.
