Podría decir que la gobernadora Clara Luz Roldán se cansó, tal vez, de tantos y tantos consejos de seguridad realizados, a lo largo y ancho del departamento, en los últimos años cada que ocurre un crimen de gran magnitud que altera la tranquilidad ciudadana y enciende las alarmas entre la opinión pública.
Por eso no le tembló la voz para proponer la legalización del cannabis. Todo ello motivado por la gran cantidad de muertes que sacudió al departamento el pasado fin de semana.
No sé ustedes qué piensan, pero llegó el momento de ponernos serios como sociedad, como integrantes de las diferentes comunidades porque queramos o no, ese tema nos afecta de una u otra manera, de forma directa o indirecta.
De qué tema hablo: el de la violencia que genera el tráfico local de estupefacientes y su consecuente ola de crímenes. Al mismo tiempo, tenemos que tomar decisiones frente a si estamos o no de acuerdo con que se aborden temas como la legalización de este cultivo, pero no solo como negocio que generaría ingresos grandes para el país en materia tributaria sino también como generador de empleo y riqueza.
De por medio está la consideración moral. Por eso no se puede tomar a la ligera, pero eso no quiere decir que no se de apertura a ese debate. Se lo debemos a nuestra región, a esta nueva generación que crece, en algunos casos a la deriva, sin padres que los orienten y niños y jóvenes que son inducidos al consumo y luego instrumentalizados por organizaciones al margen de la ley.
Por eso el tema de la legalización debe ser tratado con profundidad, con prudencia y mucha responsabilidad, pero cuanto antes. Sin apasionamientos.
Las cifras de muertes, atentados, masacres, desmembramientos está a la orden del día. Pero esa no puede ser la única consideración. Es valedera y hay que tomarla muy en cuenta, pero otros sectores tendrán sus posturas a favor y en contra basados en su propia experiencia.
