La sobretasa es un pago que se realiza voluntariamente por los empresarios de un determinado sector, y las alcaldías y gobernaciones son las que la imponen de manera especial, según lo establece el artículo 8 de la ley 1421 desde el 2010.
Los recursos son utilizados por las entidades para fomentar la seguridad ciudadana en sus territorios y prevén su vigencia permanente.
CIFRA: 14 mil millones de pesos es el recaudo anual en el Valle del Cauca con la sobretasa de seguridad.
Al aceptar y fallar a favor del demandante, el alto tribunal consideró que el hecho generador del tributo, que es primordial para habilitar su creación, «desconoce el esquema de competencia concurrente entre el Congreso y las asambleas departamentales y los concejos, previsto en el artículo 338 de la Constitución, que establece que las competencias fiscales de los entes territoriales están circunscritas a las regulaciones constitucional y legales».
Así mismo el fallo establece que las normas violan los principios de legalidad y certeza en materia tributaria porque “no delimitan el contenido mínimo de la obligación”, exigido por el artículo 338 superior para autorizar la creación de tributos.
Explicó la Corte que, en particular, habilita a las entidades territoriales a crear tasas y sobretasas destinadas a financiar los fondoscuenta de seguridad “sin fijar el hecho generador de la imposición” y, de este modo, genera una “falta de claridad insuperable” que origina la inconstitucionalidad de la norma.
Postura del Valle
Tras conocerse la sentencia C-101 de 2022 de la Corte Constitucional que declaró inexequible la habilitación a departamentos y municipios para imponer sobretasas destinadas a financiar los fondos territoriales de seguridad ciudadana, la gobernación del Valle ratificó que este cobro estará vigente hasta finales de 2023 como una manera de fortalecer la seguridad en el departamento.
Frente al tema, Lía Patricia Pérez, directora jurídica de la Gobernación del Valle, explicó que los efectos de esta decisión se difieren por el término de dos legislaturas, razón por la cual se podrá seguir realizando el cobro para fomentar la seguridad ciudadana en el Valle del Cauca.
Destacó la funcionaria que con los recursos aportados por los vallecau-canos, hoy se cuenta con el Centro de Gestión de Emergencias, CGES, en Buga, desde donde se monitorea el sistema de cámaras de videovigilancia y la interconectividad digital de las autoridades con los municipios.
Así mismo, se han adquirido drones de largo alcance para fortalecer la operatividad de la fuerza pública, más de 200 motocicletas y cinco camionetas nuevas para el Ejército y la Policía y se ha fondeado el plan de recompensas que ha permitido dar golpes contra la delincuencia en la región.
Por su parte Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle del Cauca, indicó que a partir de 2024 se tendrá que hacer el trámite ante el Congreso de la República, para que tenga el sustento correspondiente y poder seguir adelante.
«Los recursos correspondientes a los vallecaucanos para 2022 y 2023 están vigentes y cuentan con la presunción de legalidad de la tasa correspondiente a la seguridad y convivencia en el departamento», añadió.
Recordó que la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana fue aprobada por la Asamblea del Valle en el 2016, como una alternativa para recaudar los recursos mediante la factura de servicios públicos entre los estratos 4, 5 y 6, sectores industrial, comercial, oficial público y especial, para fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública.
