Una de las sedes que tiene menor índice de avance es la Francisco José de Caldas, del barrio Avenida Cali, con apenas el 16%. El Ministerio de Educación está ofertando los trabajos a nuevos contratistas.

En Buga también hay alarma por cuanto tres sedes educativas tiene sus obras suspendidas.

Alrededor de 10 mil estudiantes de Tuluá, pertenecientes a siete instituciones educativas urbanas, se encuentran en grave riesgo ante las montañas de escombros que están dejando las obras de reconstrucción de las mismas y cuyos trabajos se encuentran suspendidos por incumplimiento de los contratistas.
El llamado lo hizo desde Bogotá la propia Procuraduría General de la Nación señalando que este riesgo también lo están corriendo un poco más de tres mil estudiantes de dos instituciones educativas de Buga.
Ante esta situación, el secretario de Educación Municipal, Willington Rodrí-guez Quiñones, ofició al Fondo de Fi-nanciamiento de la Infraestructura Educativa, organismo adscrito al Ministerio de Educación Nacional, el cual se encarga de la financiación de las obras de reconstrucción y reparación que se están haciendo en los establecimientos tulueños.

El hecho denunciado por el Ministerio Público adquiere mayor relevancia tras la renuncia, la semana anterior, del gerente de esa entidad, Juan Carlos Franco, quien estuvo nueve meses en el cargo.
Rodríguez Quiñones solicitó al FFIE un completo informe sobre el estado de las obras y la forma en que se están asignado varias de ellas a nuevos contratistas, en cumplimiento del convenio 0936 que firmó el municipio de Tuluá con ese organismo en 2016.
En respuesta a esa petición, el FFIE, a través de su gerente encargado, indicó que el 6 de mayo pasado, se publicaron los prepliegos de invitación a nuevos contratistas para que estos atiendan las falencias dejadas por sus antecesores.

Según informes del propio Ministerio de Educación, las reparaciones locativas hacen parte de las exigencias de la Jornada Única que se quiere implementar en el país para cumplir con las metas impuestas desde el anterior gobierno de llevar al país a reducir a cero el analfabetismo en 2025.
La problemática surgida con el incumplimiento de los contratitas en las obras, suscitó que la semana pasada sesionara en Tuluá la Mesa Regional de Infraestructura Educativa, en donde rectores y padres de familia expusieron el peligro que representa para toda la comunidad educativa las actuales condiciones de los planteles educativos.

Nivel de avances

En el marco del informe solicitado al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, la Secretaría de Educación recibió una relación del estado en que se encuentran las obras que se vienen ejecutando en las sedes educativas de Tuluá.

El balance señala que la sede que más avance ha tenido es la central de la Institución Educativa Jo-vita Santacoloma, que va en un 97.4 %, seguida por la sede María Josefa Hormaza, perteneciente a la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, con un 95.3 % de trabajos ejecutados.
A este listado le siguen la Institución Educativa Moderna con un 90% de avance en las obras proyectadas y luego la Rubén Cruz Vélez, también de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, cuyas obras se han desarrollado en un 86%, así como la sede central de la Institución Educativa Juan María Céspedes en el barrio La Graciela, cuyo avance va en un 65.9%.

Los últimos puestos en ejecución de trabajos los están ocupando la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora con un 30% y finalmente la sede Francisco José de Caldas en la que apenas se ha avanzado en un 16.8%.
Según señaló el secretario de Educación Municipal, del convenio firmado con el FFIE se excluyó la sede Pedro Pablo Prías del corregimiento San Rafael, en razón a que esta unidad educativa será intervenida directamente con recursos del municipio.
En cuanto a Buga, la Pro-curaduría General de la Nación también incluyó en su informe de riesgos por el incumplimiento de los trabajos a las sedes educativas Agrícola Guadalajara de Buga, Leonardo Tascón y El Placer.